España lidera la piratería audiovisual en Europa, con más de 13,3 millones de personas accediendo a contenidos ilegales, principalmente deportivos. El 60% de las descargas ilegales corresponden al fútbol, afectando a toda la cadena de valor del sector. La piratería supone una pérdida potencial de más de 100.000 empleos y 680 millones de euros en recaudación, además de poner en riesgo la inversión extranjera y la sostenibilidad del sector. El contenido ilegal se distribuye a través de unas 46.000 IPs diarias y se aloja en servidores de grandes tecnológicas, con plataformas y redes sociales facilitando su acceso y monetización. El proceso de retirada de aplicaciones piratas es lento y la legislación española actual es insuficiente, permitiendo solo 150 bloqueos de IPs por semana, frente a modelos más ágiles como el italiano. Solo el 4% de los usuarios percibe riesgos legales al consumir contenido ilegal. Se solicita al Gobierno adoptar la recomendación europea para agilizar el bloqueo de contenidos, y se están emprendiendo acciones legales contra tecnológicas que no cumplen con las órdenes judiciales. LaLiga abrirá un laboratorio antifraude en Emiratos Árabes para reforzar la protección. Si no se actúa, la piratería reducirá el valor de los derechos audiovisuales y comprometerá la viabilidad del deporte profesional y de base. Es necesaria una colaboración público-privada y la actualización del marco legal para proteger eficazmente la industria.
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